En mayo la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la más antigua institución cultural del país, cumple 150 años de vida, tras ser fundada por seis intelectuales en tiempos de García Moreno.

Sus comienzos fueron sencillos. Seis ciudadanos se reunieron en casa de uno de ellos el 4 de mayo de 1875 y realizaron una sesión formal en que declararon constituida la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Eran personas del más alto perfil intelectual que habían sido nombrados previamente miembros correspondientes de la Real Academia Española (RAE) y habían venido reuniéndose unas cuantas veces para preparar esa instalación formal.

Los convocados eran Pedro Fermín Cevallos, Julio Zaldumbide, Belisario Peña, Francisco Javier Salazar, Pablo Herrera y losé Modesto Espinosa, quien actuó como secretario. En la sesión se eligió director a Cevallos, censor a Herrera y se ratificó a Espinosa en sus funciones («en su empleo», se decía entonces, aunque, por supuesto, no ganaba sueldo) de secretario.

Estuvieron ausentes otros tres miembros nombrados por la RAE: dos se hallaban fuera del país, en funciones diplomáticas, Antonio Flores Jijón y Julio Castro, y al otro, Juan León Mera, obligaciones personales le impidieron salir de Ambato, aunque envió una comunicación a sus colegas, que fue leída en aquella primera sesión formal y se incorporó a su acta.

Pero, ¿por qué la RAE les había nombrado miembros correspondientes? La iniciativa había partido de un intelectual colombiano, José María Vergara y Vergara, quien en 1870 lanzó la idea de que se crearan en América academias correspondientes, propuesta que fue respaldada y promovida por el diplomático ecuatoriano Julio Castro.

La RAE, fundada en 1713, nombró entonces una comisión que trabajó tan rápido y tan bien que en diez días emitió informe favorable y, además, sugirió nombres de posibles académicos correspondientes de los diferentes países. El pleno acogió el informe el 24 de noviembre de 1870.

Las dificultades de la guerra franco-prusiana afectaron indirectamente a España, sobre todo en el tema de las comunicaciones, por lo que algunos de los nombramientos no llegaron a su destino, así que, en junta del 15 de marzo de 1873, la RAE nombró (volvió a nombrar) a cuatro ecuatorianos (Cevallos, Zaldumbide, Mera y Castro). Solo con las cartas que entonces se emitieron llegaron a saber los cuatro de sus nombramientos. Tres de ellos (Castro no residía en Quito) se reunieron el 16 de mayo de 1874 en una junta preparatoria y sugirieron a la española los nombres de Herrera, Flores Jijón, Espinosa, Salazar y Peña, que los nombró correspondientes.

Así se llegó a aquella sesión formal de mayo del 75, en la que se eligió, además, a seis nuevos miembros, para que también la RAE los nombrara correspondientes: Francisco Javier Aguirre de Guayaquil; Antonio Borrero, Rafael Borja y José Rafael Arízaga de Cuenca, y Carlos Casares y Miguel Egas de Quito.

El público y el Gobierno tomaron nota del acontecimiento: el acta de la sesión y el discurso de Mera se publicaron dos semanas después en dos periódicos: el 18 de mayo en El Ecuador y el 19 de mayo en El Nacional, este último del Gobierno, aunque en la sección «no oficial».

El 4 de junio de 1875 Pedro Fermín Cevallos envió una comunicación al ministro de Instrucción Pública, dándole formalmente la noticia. En ella incluye un párrafo sobre la razón de formar la nueva corporación:

«Notorios y laudables como son los fines que se ha propuesto la academia madre al invitarnos para el establecimiento de las correspondientes en la América española, sería por demás inútil manifestar al ilustrado Gobierno de nuestra patria la conveniencia de tan noble institución, y si hoy, por componerse la Ecuatoriana de hombres poco aptos para un cumplido desempeño, no cabe que rinda frutos provechosos, puede, andando los tiempos, arrojar algunas luces, dar renombre y honra a la literatura patria y, acaso, lucir tanto como otras de las cultas sociedades de Europa».

Informaba también al ministro que, al igual que la española, la ecuatoriana no intervendría en política. La verdad es que, desde su arranque, la AEL fue lugar de encuentro de la cultura y del cultivo de la lengua por encima de las banderías políticas. Al menos cuatro de sus miembros eran muy cercanos a García Moreno: el general y doctor Salazar, nada menos que ministro de Guerra y Marina del Gobierno, además de Herrera, Espinosa y Mera. Un quinto, docente e intelectual colombiano, estaba menos involucrado, aunque era también de clara línea garciana, Peña.

Pero también los había indiferentes, como Cevallos, Zaldumbide y Aguirre, los tres liberales moderados. Y dos francamente opositores: los cuencanos Borrero y Arizaga.

La academia como tal, según Cevallos en su misiva, se dedicaría únicamente a trabajos literarios, sean propios e independientes, sean «en conexión con las otras academias». Para entonces solo existían dos más: la española y la colombiana (fundada en 1871), pero ya se preveía el trabajo colaborativo que es emblema de la actual Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), que ya ha tenido en Quito dos congresos: el quinto en 1968 y el decimoséptimo en noviembre de 2024.

Con la misma elegante modestia del párrafo citado antes, Cevallos insiste al ministro que, si la academia no pudiese obtener «el inmediato progreso de la literatura patria», al menos tendrá, por su relación con las otras academias, «un constante y vivo estímulo para darnos con afán al estudio de las letras humanas», elevado objetivo por el que el director estaba seguro de que el Gobierno protegería a la academia «con sus luces y magnaficencia».

En peligro

Había voluntad de ayuda del Gobierno, pero dos meses después de esta misiva iba a suceder un magnicidio que lo trastocaría todo: el asesinato el 6 de agosto del presidente Gabriel García Moreno. En un afán de superar el abismo, el Congreso extraordinario de 1875 aprobó, en su sesión del 11 de noviembre, una asignación presupuestaria para la academia, decreto sancionado por el presidente interino José Javier Eguiguren el 13 de ese mes, y publicado en el diario oficial el 1 de diciembre.

Elegido presidente de la República el doctor Antonio Borrero, miembro de la naciente AEL y hombre ilustrado, también estuvo dispuesto a protegerla. Su ministro de Gobierno, Manuel Gómez de la Torre, aprobó el reglamento de la academia el 5 de febrero de 1876 y lo hizo publicar en la Imprenta Nacional.

El presidente puso a disposición de la academia esa misma imprenta para editar las Memorias. Pero todo quedó en suspenso cuando el Gobierno constitucional fue derrocado, enseñoreándose en el país una dictadura zafia y agresiva de siete años de duración, la del general Ignacio de Veintimilla.

Aunque la academia ecuatoriana como tal no intervenía en política, sus miembros sí lo hacían. Eso y el prestigio de cada uno de ellos como hombres públicos, su influencia como escritores y tribunos, la cercanía de los cinco mencionados con el presidente asesinado, hizo que de inmediato fueran perseguidos por el dictador. Para salvar sus vidas y proteger a sus familias, la mayoría de ellos tuvo que ocultarse (en algunos casos, exiliarse, comenzando por el depuesto presidente Borrero) y prescindir de toda actividad pública.

En circunstancias tan dramáticas, AEL. pasó a un período de inactividad. «Dramático» no es un adjetivo para exagerar las circunstancias. Se lo descubre cuando se conocen las arbitrariedades cometidas por el dictador, al que Juan Montalvo llamó «Ignacio de la Cuchilla».

Al rememorar aquellos hechos surge de inmediato el paralelismo con la Academia Nicaragüense de la Lengua, a la que una dictadura igual de ignara y cruel la tiene privada de su personería jurídica y sus bienes, muestra de que los Gobiernos tiránicos coinciden en su odio a la cultura y a los intentos de asociación y construcción de la sociedad civil.

Jamás se logró editar aquel primer tomo de las Memorias de la Academia que estaba en la Imprenta Nacional. «Se alcanzaron a setenta y seis páginas y se tiraron doscientos cincuenta ejemplares», narraba Pedro Fermín Cevallos en 1884. Entonces, uno puede imaginarse que lo hacía con pena pues esas páginas impresas nunca pudieron salvarse. A pesar del autoritarismo manifiesto y del atrabiliario proceder de Veintimilla, la AEL hizo esfuerzos por retomar sus actividades. Cevallos habría de dirigir varios oficios a los ministros de la dictadura, incluido Pedro Carbo, pero ninguno se dignó siquiera avisar recibo. «Y para librarme de pasar por nueva vergüenza y de pasar también por impertinente, me resolví entonces a no elevar ningún otro», explica el historiador y primer director de la AEL.

«Esta corporación literaria empezó apenas nacida a sufrir —¡oh desgracia!— las consecuencias de nuestras violentas vicisitudes políticas», habría de decir en el siglo XX monseñor Manuel María Polit Lasso, que fue director de la AEL y arzobispo de Quito.

¿Qué hace la AEL?

Es una entidad privada, de interés público, cuyo principal cometido es el estudio y defensa del idioma. Documenta su evolución, el influjo de otras lenguas y la aparición y uso de neologismos. Con la RAE y las veintidós academias correspondientes de la Lengua en América, Filipinas y Guinea Ecuatorial, trabaja en la redacción de los diccionarios, la gramática, la ortografía y otras tareas conjuntas. Organiza y participa en congresos y actos académicos, asesora en la enseñanza del español a escuelas, colegios y universidades, difunde el uso correcto del español hablado y escrito; publica una memoria anual, el Diccionario académico de ecuatorianismos y obras de los grandes literatos del Ecuador.

Este artículo se publicó en la revista Mundo Diners de mayo de 2025, año XLV, número 516, pp. 69-71.